Villa María: tras ser imputado, Wester se fue de licencia
Corresponsalía
Villa María. El secretario de Gobierno municipal, Otto Wester, quien es investigado judicialmente por la sustracción de un voto de Luis Juez mientras se hacía el escrutinio el domingo pasado, dejó su cargo como colaborador cercano de la intendenta Nora Bedano de Accastello y se tomó licencia sin goce de sueldo hasta que la Justicia determine sobre este caso, informó ayer el municipio a través de un comunicado.
La conducción local del Partido Justicialista emitió también un comunicado en el que no se menciona a Wester, pero dice que sobre esta situación “se ha hecho lo que corresponde, que es poner a quienes tengan que aclarar lo necesario, a disposición de la Justicia”.
Si bien no hay una negación expresa de que el robo del voto hubiera existido, se acusa a “los profetas juecistas del odio” de desacreditar “de modo altamente peligroso a miembros de la actual administración municipal, extendiendo una circunstancia de índole política a un campo absolutamente distinto y ajeno”.
El delito que se le atribuye a Wester está contemplado en el Código Electoral Nacional y una vez que la fiscalía de instrucción recabe las pruebas, las actuaciones serán remitidas a la Justicia Electoral, que es donde se definirá. La pena estipulada es de uno a tres años de prisión.
Wester actuó el domingo último como fiscal general del PJ y mientras se escrutaba la mesa 4.515, fue acusado de tomar un voto y metérselo en el bolsillo. La existencia de la boleta quedó corroborada cuando la policía lo requisó, ante la resistencia del funcionario.
El PJ critica en su texto “la información opinada de los periodistas de carroña de varios medios de comunicación”, al tiempo que sostiene que “la condena anticipada de personas, sin los resultados estrictos de quien tiene asignado ese rol en la sociedad, resulta caprichosa, tendenciosa y maliciosa”.
En el comunicado que firman el presidente Hugo Fernández y otras autoridades partidarias, se asegura que solamente darán explicaciones de lo sucedido cuando la Justicia se expida. “Hacerlo antes sería contribuir al caos del que sacan provecho los que venden pescado podrido”, concluyen.
La conducción local del Partido Justicialista emitió también un comunicado en el que no se menciona a Wester, pero dice que sobre esta situación “se ha hecho lo que corresponde, que es poner a quienes tengan que aclarar lo necesario, a disposición de la Justicia”.
Si bien no hay una negación expresa de que el robo del voto hubiera existido, se acusa a “los profetas juecistas del odio” de desacreditar “de modo altamente peligroso a miembros de la actual administración municipal, extendiendo una circunstancia de índole política a un campo absolutamente distinto y ajeno”.
El delito que se le atribuye a Wester está contemplado en el Código Electoral Nacional y una vez que la fiscalía de instrucción recabe las pruebas, las actuaciones serán remitidas a la Justicia Electoral, que es donde se definirá. La pena estipulada es de uno a tres años de prisión.
Wester actuó el domingo último como fiscal general del PJ y mientras se escrutaba la mesa 4.515, fue acusado de tomar un voto y metérselo en el bolsillo. La existencia de la boleta quedó corroborada cuando la policía lo requisó, ante la resistencia del funcionario.
El PJ critica en su texto “la información opinada de los periodistas de carroña de varios medios de comunicación”, al tiempo que sostiene que “la condena anticipada de personas, sin los resultados estrictos de quien tiene asignado ese rol en la sociedad, resulta caprichosa, tendenciosa y maliciosa”.
En el comunicado que firman el presidente Hugo Fernández y otras autoridades partidarias, se asegura que solamente darán explicaciones de lo sucedido cuando la Justicia se expida. “Hacerlo antes sería contribuir al caos del que sacan provecho los que venden pescado podrido”, concluyen.
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